Qué cambió en el registro de marcas vinculadas a juegos de azar y apuestas en Brasil

Seguridad jurídica y estrategia de marca en el mercado regulado de apuestas

La consolidación del mercado de apuestas deportivas en Brasil ha provocado impactos relevantes no solo en el ámbito regulatorio, sino también en la gestión estratégica de los activos intangibles de las empresas. Entre estos activos, la marca ocupa una posición central, especialmente en un sector altamente competitivo, digital y orientado a la confianza del consumidor. En este contexto, la reciente actualización del procedimiento adoptado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial — INPI — para el análisis de solicitudes de registro de marcas relacionadas con juegos de azar y apuestas representa un hito importante para empresarios y gestores que actúan — o pretenden actuar — en este segmento en Brasil.

Durante muchos años, el entorno jurídico brasileño estuvo marcado por incertidumbres respecto a la licitud de las actividades vinculadas a las apuestas, lo que se reflejaba directamente en el análisis administrativo de las solicitudes de marca. La evolución legislativa reciente, especialmente con la regulación de las apuestas de cuota fija, exigió al INPI una adaptación de sus criterios de examen, con el objetivo de alinear la protección marcaria con la realidad normativa vigente.

La regulación de las apuestas de cuota fija — conocidas popularmente como apuestas deportivas — reconoció expresamente la licitud de esta actividad cuando es explotada por personas jurídicas nacionales, siempre que se observen los requisitos legales y regulatorios aplicables. Este reconocimiento produjo efectos directos en el sistema de propiedad industrial, ya que apartó, para este recorte específico del mercado, el entendimiento genérico de ilicitud que anteriormente inviabilizaba o dificultaba el registro de marcas.

Ante este nuevo escenario, el INPI actualizó su procedimiento interno de examen. La autarquía pasó a adoptar un análisis más técnico y segmentado, distinguiendo actividades expresamente autorizadas de aquellas que permanecen prohibidas por el ordenamiento jurídico. El foco dejó de ser únicamente la terminología utilizada en la solicitud de marca y pasó a abarcar la efectiva licitud de la actividad ejercida por el solicitante.

Uno de los puntos centrales del nuevo procedimiento se refiere a la legitimidad del titular de la solicitud de marca. Actualmente, el INPI verifica si el solicitante ejerce una actividad lícita y efectiva en el sector de apuestas reguladas. Solo las personas jurídicas pueden explotar apuestas deportivas de forma regular, lo que excluye, desde el inicio, la posibilidad de solicitudes presentadas por personas físicas para este tipo de servicio.

En el caso de las empresas extranjeras, el análisis es aún más criterioso. El INPI exige que la explotación de la actividad ocurra a través de una persona jurídica constituida en Brasil o bajo el control de una empresa brasileña, en conformidad con la legislación sectorial. Esta exigencia dialoga directamente con las normas que rigen la autorización y fiscalización de las apuestas de cuota fija y refuerza la necesidad de una planificación societaria y regulatoria integrada.

Desde el punto de vista empresarial, este cambio impone una atención redoblada a la estructura jurídica adoptada incluso antes del depósito de la solicitud de marca. La ausencia de alineación entre la realidad operativa de la empresa y los requisitos formales exigidos por el INPI puede resultar en requerimientos, denegaciones o retrasos estratégicos relevantes.

Otro aspecto sensible del nuevo procedimiento está relacionado con la redacción de la especificación de productos y servicios vinculados a la marca. El INPI pasó a aceptar normalmente descripciones que hacen referencia a servicios de juegos o juegos en línea, siempre que sean compatibles con actividades lícitas. Sin embargo, cuando la especificación menciona apuestas, la aceptación se limita a las apuestas deportivas, en consonancia con la regulación vigente.

Expresiones genéricas como “juegos de azar”, “servicios de casino” o términos tradicionalmente asociados a actividades prohibidas continúan sujetas a un análisis riguroso y, en muchos casos, a la denegación de la solicitud. Esto ocurre porque dichas actividades permanecen vedadas por el ordenamiento jurídico brasileño y no fueron abarcadas por la regulación de las apuestas de cuota fija.

En la práctica, la elección de las palabras en la especificación de la marca dejó de ser un mero detalle técnico y pasó a representar un elemento estratégico. Una redacción imprecisa puede comprometer toda la solicitud, mientras que una descripción jurídicamente alineada puede viabilizar la protección del activo marcario sin obstáculos innecesarios.

Desde la perspectiva empresarial, la actualización del procedimiento del INPI trae ganancias relevantes en términos de previsibilidad y seguridad jurídica para quienes actúan en el mercado legal de apuestas deportivas. La posibilidad concreta de registrar marcas fortalece estrategias de branding, facilita la captación de inversiones, amplía oportunidades de asociaciones y contribuye a la valorización de la empresa a largo plazo.

Por otro lado, el nuevo escenario también impone responsabilidades. La formalización de la actividad, el cumplimiento de las exigencias regulatorias y la coherencia entre el objeto social, la operación práctica y la solicitud de marca se tornaron elementos indisociables. El registro marcario pasa a ser parte de una estrategia jurídica más amplia, que involucra derecho regulatorio, societario y de propiedad intelectual.

Las empresas que descuidan esta integración corren el riesgo de invertir en marcas que no podrán ser protegidas o, en casos más graves, de exponer fragilidades jurídicas que pueden impactar su actuación en el mercado.

La actualización del procedimiento del INPI para marcas vinculadas a apuestas y juegos representa un avance institucional relevante, alineado con la evolución del marco legal brasileño. Para empresarios y gestores, se trata de una oportunidad concreta de estructurar y proteger activos intangibles en un mercado en expansión, siempre que esta protección sea construida sobre bases jurídicas sólidas.

En este contexto, la asesoría jurídica preventiva asume un papel estratégico. El análisis previo de la actividad, de la estructura societaria y de la redacción de la solicitud de marca puede evitar riesgos, optimizar inversiones y asegurar que la empresa actúe conforme a la legislación vigente. Más que reaccionar a problemas, el entorno regulatorio actual exige planificación jurídica como herramienta de competitividad y sostenibilidad empresarial.