Exposición Pública de Presuntos Infractores: Límites Legales y Riesgos para las Empresas

La reciente actuación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil en el caso de la cadena minorista Havan, que difundía videos de presuntos autores de hurtos en sus tiendas, reabre un debate central en el entorno empresarial: cómo equilibrar el derecho a la protección de datos personales con medidas legítimas de seguridad patrimonial.

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad física y jurídica de las operaciones, muchas empresas han adoptado tecnologías de monitoreo y estrategias de comunicación para disuadir conductas ilícitas. Sin embargo, la manera en que estas acciones se llevan a cabo debe cumplir no solo con la legislación penal, sino también con las normas de protección de datos y derechos fundamentales.

El Caso Havan y la Intervención de la ANPD

En mayo de 2025, la ANPD recibió una notificación del Ministerio Público de Santa Catarina solicitando evaluar la compatibilidad, con la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD), de la práctica de Havan de publicar videos de personas sospechosas de hurtar productos en sus tiendas. Tras un análisis preliminar, la ANPD emitió una medida preventiva ordenando la suspensión temporal de estas publicaciones en las redes sociales de la empresa.

La decisión se fundamentó en disposiciones clave de la LGPD, especialmente los artículos 6 (principios del tratamiento de datos), 7 y 11 (reglas para datos personales y sensibles), 14 (protección especial de datos de niños y adolescentes) y 55-J (competencias de la ANPD). La principal preocupación fue el riesgo de exposición indebida de imágenes de menores, lo que exige salvaguardias reforzadas.

Es importante destacar que la medida de la ANPD es cautelar, no implica sanciones administrativas y no impide que la empresa utilice cámaras de seguridad ni que comparta pruebas de delitos con autoridades competentes. La suspensión se aplica únicamente a la divulgación pública, sin autorización judicial, de imágenes de sospechosos en canales accesibles al público general.

Aspectos Legales y Riesgos para las Empresas

El caso evidencia un riesgo jurídico recurrente: la utilización de datos personales más allá de la finalidad legítima para la que fueron recolectados. El uso de cámaras de vigilancia en establecimientos comerciales es lícito y ampliamente aceptado, siempre que se respeten principios como finalidad, adecuación y necesidad. No obstante, la divulgación pública de estas imágenes, incluso ante un delito aparente, puede constituir una violación de la LGPD y de derechos fundamentales, especialmente el derecho al honor y a la imagen reconocidos por la Constitución Federal de Brasil.

Para las empresas, los riesgos incluyen:

• Responsabilidad administrativa ante la ANPD, con posibles sanciones futuras.

• Responsabilidad civil por daños morales y materiales, incluso en demandas individuales.

• Daño reputacional, con posibles perjuicios a la imagen corporativa y a la relación con consumidores y socios.

Un factor agravante es el tratamiento de datos personales de menores de edad, que la LGPD considera sensibles y sujetos a consentimiento específico y protección reforzada.

Buenas Prácticas y Prevención de Conflictos Legales

La prevención es la estrategia más segura. Las empresas deben contar con políticas claras de seguridad y privacidad, con protocolos internos para el tratamiento de datos personales obtenidos mediante cámaras y otros medios. Cuando sea necesario, las imágenes deben compartirse únicamente con autoridades competentes, preservando la confidencialidad y evitando la exposición pública sin respaldo legal.

La capacitación interna, la asesoría jurídica preventiva y las auditorías de cumplimiento de la LGPD son herramientas eficaces para reducir riesgos. Además, es fundamental que el área de comunicación corporativa esté alineada con las directrices legales para evitar la publicación de contenido que pueda infringir la ley.

Seguridad Empresarial con Cumplimiento Legal

El caso Havan demuestra que la protección del patrimonio debe ir de la mano con el respeto a las leyes de protección de datos y a los derechos fundamentales. Más allá de ser una obligación legal, esta postura fortalece la credibilidad de la empresa y la confianza del consumidor.

Las empresas que invierten en estrategias jurídicas preventivas, con acompañamiento continuo de abogados especializados, pueden mitigar riesgos y preservar su reputación, actuando de manera ética y conforme a la ley en un entorno empresarial cada vez más regulado.