Patentes de inteligencia artificial en Brasil: qué señala la propuesta del INPI para empresas innovadoras

La carrera empresarial por soluciones de inteligencia artificial ya produce un efecto jurídico concreto: proteger la tecnología dejó de ser una cuestión restringida a las grandes compañías de software. Industrias, fintechs, healthtechs, empresas de logística, agronegocio y negocios tradicionales que incorporan aprendizaje automático a sus productos necesitan decidir, cada vez más temprano, si una innovación debe ser patentada, mantenida en secreto o protegida por otros mecanismos de propiedad intelectual.

El escenario ganó relevancia adicional con la Consulta Pública INPI n.º 3/2025, que sometió a la sociedad una minuta específica de Directrices de Examen de Solicitudes de Patente relacionadas con la Inteligencia Artificial (el INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil). La consulta se cerró en octubre de 2025 y, hasta septiembre de 2026, el portal oficial del INPI todavía presenta la minuta como documento de referencia, sin indicación, en esa página, de la publicación de una versión final. Aun sin fuerza normativa definitiva, el texto revela con claridad la dirección técnica que el Instituto pretende adoptar en el examen de invenciones relacionadas con IA.

La discusión ocurre en un mercado de rápida expansión. Datos divulgados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en julio de 2026 muestran que más de 56 mil familias de patentes relacionadas con la inteligencia artificial generativa fueron publicadas en 2024 y 2025, número superior al acumulado en toda la década anterior. Para las empresas brasileñas, esto significa más competencia tecnológica, mayor riesgo de colisión con derechos de terceros y una ventana más pequeña para estructurar protección propia antes de que soluciones similares ingresen al estado de la técnica.

No todo uso de IA puede ser patentado

La Ley n.º 9.279/1996, la Ley de la Propiedad Industrial brasileña, sigue siendo el punto de partida. El artículo 8 establece que una invención solo es patentable cuando presenta novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Al mismo tiempo, el artículo 10 excluye del concepto de invención, entre otras materias, los métodos matemáticos y los programas de ordenador en sí mismos.

Esta distinción es decisiva para las empresas que desarrollan IA. Un algoritmo aislado, una red neuronal descrita solo como modelo matemático o el código fuente de un software no se vuelve patentable simplemente porque utiliza inteligencia artificial. La propuesta del INPI sigue la lógica ya adoptada para invenciones implementadas por ordenador y exige que la creación esté vinculada a la solución de un problema técnico, mediante una solución técnica, con la producción de un efecto técnico concreto.

En la práctica, una empresa que solo utiliza un modelo conocido para automatizar una tarea comercial, recomendar productos, organizar información o ejecutar un método financiero tiende a encontrar fuertes obstáculos a la protección por patente. El escenario puede ser diferente cuando la IA integra una solución técnica, por ejemplo, para controlar una máquina industrial en tiempo real, reducir fallos de un equipo, optimizar el procesamiento en hardware específico o ejecutar un método de diagnóstico técnico fuera de las hipótesis legalmente excluidas.

El propio INPI propuso tres categorías para orientar el análisis: modelos y técnicas de IA, invenciones basadas en IA e invenciones asistidas por IA. La clasificación no crea, por sí sola, derecho a la patente. Sirve para identificar dónde está la contribución técnica y qué papel desempeña la inteligencia artificial en la solución reivindicada.

Software, patente y protección de derechos de autor no son lo mismo

La diferenciación entre software e invención patentable también encuentra apoyo en la jurisprudencia. En el REsp 443.119/RJ, el Superior Tribunal de Justicia (STJ, la corte encargada de uniformar la interpretación de la legislación federal infraconstitucional en Brasil) reconoció que el programa de ordenador, considerado en sí mismo, está sometido al régimen de derecho de autor. La Ley n.º 9.609/1998 sigue la misma lógica y protege el software de forma similar a las obras literarias, sin exigir registro para el nacimiento del derecho.

Esto no significa que toda innovación ejecutada mediante software esté fuera del sistema de patentes. El punto jurídicamente relevante es otro: el código puede recibir protección de derechos de autor, mientras que una solución técnica implementada por ordenador puede, si cumple los requisitos de la Ley de Propiedad Industrial y de las directrices del INPI, ser objeto de patente. Para las empresas, esta diferencia recomienda una estrategia de protección en capas, combinando, según el caso, derechos de autor sobre el código, patentes sobre la solución técnica, contratos, confidencialidad y secreto empresarial.

La IA puede ayudar a inventar, pero no puede figurar como inventora

Otro tema sensible es la autoría. En 2022, la Procuraduría Federal Especializada ante el INPI analizó el caso internacional DABUS y concluyó, con fundamento en el artículo 6 de la Ley n.º 9.279/1996, que una máquina dotada de inteligencia artificial no puede figurar como inventora en una solicitud de patente en Brasil. Este entendimiento fue incorporado a la minuta de 2025.

La propuesta admite invenciones asistidas por IA, siempre que exista contribución intelectual humana efectiva. Usar una herramienta para generar hipótesis, probar alternativas o apoyar la búsqueda de una solución no elimina la posibilidad de patentamiento. El problema surge cuando la creación se presenta como resultado autónomo del sistema, sin participación humana relevante en la concepción y concreción de la solución.

Para las empresas, esta distinción tiene consecuencias de gobernanza. Los proyectos de investigación y desarrollo deben registrar quién definió el problema técnico, quién seleccionó o configuró el sistema de IA, quién evaluó las respuestas generadas y quién transformó esas respuestas en una solución técnicamente viable. Los contratos con empleados, investigadores, proveedores y desarrolladores también deben tratar la titularidad y la cesión de derechos, especialmente porque la Ley de Propiedad Industrial contiene reglas específicas sobre invenciones desarrolladas en el contexto laboral.

La caja negra de la IA aumenta la exigencia de documentación técnica

Quizás el cambio más relevante de la propuesta del INPI para la rutina empresarial esté en la suficiencia descriptiva. El artículo 24 de la Ley n.º 9.279/1996 exige que la solicitud describa la invención de forma clara y suficiente para que un técnico en la materia pueda realizarla. En los sistemas de IA, esta obligación se vuelve más compleja porque muchos modelos funcionan como una caja negra, con resultados que no son fácilmente explicables ni reproducibles.

La minuta señala que la opacidad del modelo no aparta el deber de descripción. Dependiendo de la invención, la solicitud puede necesitar explicar el conjunto de datos utilizado, la relación entre datos de entrada y resultados, el preprocesamiento, el algoritmo o arquitectura relevante, parámetros e hiperparámetros esenciales, técnicas de entrenamiento, criterios de validación y la interacción del modelo con otros componentes técnicos.

Este punto crea una tensión estratégica. Una patente exige divulgación suficiente de la invención, mientras que parte del valor competitivo de una solución de IA puede estar justamente en datos, pesos, parámetros, procesos de entrenamiento o conocimiento operativo que la empresa prefiere mantener confidenciales. Por eso, patentar no es automáticamente la mejor elección. En determinados proyectos, preservar componentes como secreto empresarial puede ser económicamente más adecuado, siempre que la empresa cuente con controles reales de confidencialidad y logre reducir el riesgo de ingeniería inversa.

Actividad inventiva: simplemente añadir IA no basta

La propuesta del INPI también endurece una premisa importante para la actividad inventiva. El artículo 13 de la Ley de Propiedad Industrial exige que la invención no sea evidente ni obvia para un técnico en la materia. Aplicar IA a un proceso ya conocido, sustituir un modelo matemático por una red neuronal o ajustar parámetros rutinarios de entrenamiento no debería ser suficiente, por sí solo, para demostrar inventividad.

Lo que tiende a ganar peso es la existencia de un efecto técnico no obvio, ligado a una configuración específica de la solución. Una integración particular entre IA y hardware, un método inusual de adquisición y tratamiento de datos, una arquitectura adaptada a restricciones técnicas concretas o un mecanismo de retroalimentación capaz de mejorar el funcionamiento de un equipo pueden sustentar un análisis diferente cuando el resultado no sea previsible a partir del estado de la técnica.

Para el gestor, la consecuencia es práctica: la solicitud de patente debe nacer junto con la documentación de I+D, y no después de que el producto ya esté listo. Pruebas comparativas, registros de desempeño, versiones de arquitectura, justificaciones de decisiones técnicas y evidencias de resultados inesperados pueden ser relevantes para demostrar dónde está la contribución inventiva.

El tiempo de la patente también entró en el cálculo empresarial

La estrategia de depósito necesita considerar además el plazo de explotación. El Supremo Tribunal Federal (STF, la corte constitucional de Brasil), en el juzgamiento de la ADI 5.529, descartó la regla que podría prolongar automáticamente la vigencia de las patentes en razón del tiempo de análisis del INPI. En enero de 2026, el STJ reafirmó esa orientación al rechazar la extensión judicial de las patentes relacionadas con el Ozempic y el Rybelsus por presunta demora administrativa. La regla general permanece en 20 años contados desde el depósito para la patente de invención.

Aunque estos precedentes no traten específicamente de inteligencia artificial, afectan directamente la economía de cualquier patente tecnológica. En sectores de innovación acelerada, depositar temprano puede ser esencial no solo para preservar la novedad, sino también para aprovechar mejor el período de exclusividad. La divulgación pública de artículos, presentaciones, repositorios de código, demostraciones comerciales o materiales de inversión debe coordinarse con la estrategia de propiedad intelectual, especialmente cuando la empresa pretende buscar protección también en el extranjero.

La propuesta del INPI no transforma la inteligencia artificial en una nueva categoría automática de patente. Al contrario, refuerza criterios tradicionales de la propiedad industrial y busca adaptarlos a una tecnología que desafía conceptos como autoría, tecnicidad, reproducibilidad y actividad inventiva.

Para las empresas, el principal cambio de perspectiva es percibir que la decisión sobre patentar necesita ocurrir antes de la divulgación y en conjunto con la ingeniería, el área de datos, la gestión de contratos y la estrategia comercial. Es necesario identificar con precisión cuál es el problema técnico resuelto, qué contribución humana existe, qué elementos deben ser revelados y qué activos pueden preservarse mediante otros mecanismos de protección.

En este ambiente, la asesoría jurídica preventiva tiende a ser más útil cuando participa del ciclo de innovación desde las etapas iniciales. La protección adecuada de una tecnología de IA depende menos de la etiqueta utilizada por la empresa y más de la calidad técnica de la invención, de la documentación del proceso de desarrollo y de la elección coherente entre patente, derecho de autor, secreto empresarial e instrumentos contractuales.