Inventario sin pagar el ITCMD antes: qué cambia para herederos y socios de empresas familiares

Cuando un socio o titular de una empresa familiar fallece, la cuenta regresiva comienza de inmediato. Los contratos sociales deben modificarse, las cuentas bancarias de la empresa quedan sujetas a bloqueos, los inmuebles no pueden venderse ni darse en garantía y, en muchos casos, la propia continuidad operativa del negocio queda en suspenso hasta que se formalice la partición de los bienes. Durante décadas, todo este engranaje tropezó con un único cuello de botella: la exigencia de que el ITCMD, el Impuesto sobre Transmisión por Causa de Muerte y Donación, se pagara íntegramente antes de cualquier avance en el inventario sucesorio, ya fuera judicial o extrajudicial.

Ese criterio, consolidado en la práctica notarial y en buena parte de los tribunales estatales, empezó a ser revisado. Una decisión del Supremo Tribunal Federal sobre el procedimiento de arrolamento sumário (inventario sumario), sumada a un cambio reciente de orientación del Consejo Nacional de Justicia para el inventario hecho en notaría, apunta a un escenario en el que el pago del impuesto deja de ser requisito absoluto para la liberación de los bienes. Para empresarios que manejan holdings familiares, participaciones societarias y patrimonio vinculado a la operación del negocio, este cambio tiene un peso concreto sobre plazos, liquidez y planificación sucesoria.

Lo que decidió el STF sobre el inventario sumario

En el juicio de la ADIn 5.894, el Supremo Tribunal Federal confirmó la constitucionalidad del artículo 659, párrafo 2, del Código de Proceso Civil, que regula el arrolamento sumário, una modalidad de inventario judicial simplificada, aplicable cuando todos los herederos son mayores de edad, capaces y están de común acuerdo sobre la división de los bienes. La Corte reconoció que la homologación de la partición, la expedición del formal de partilha (documento que formaliza la división de bienes) y la liberación de los bienes a los herederos pueden ocurrir incluso sin la comprobación previa del pago del ITCMD.

La lógica detrás de esta postura no es nueva en el derecho tributario brasileño. El STF ya había consolidado, en jurisprudencia anterior, la prohibición de las llamadas sanciones políticas, mecanismos indirectos mediante los cuales el Estado usa la negativa de un derecho o de un servicio para forzar el pago de un tributo, en lugar de recurrir a los medios de cobro propios, como la ejecución fiscal. Condicionar la entrega de un inmueble o la liberación de una participación societaria heredada al pago íntegro del impuesto, incluso antes de cualquier discusión sobre el monto adeudado, se acerca peligrosamente a esa lógica de coacción indirecta.

Es importante subrayar: el tributo sigue siendo debido. La decisión no extingue la obligación de pagar el ITCMD, solo desvincula el pago del avance procesal. El fisco estatal conserva íntegramente el derecho de cobrar el impuesto, incluso mediante ejecución fiscal, con los recargos legales correspondientes. Lo que cambia es el orden de los acontecimientos: la partición puede formalizarse primero, y el cobro tributario seguir después su propio trámite.

El reflejo en el inventario extrajudicial y la señal del CNJ

El inventario extrajudicial, instituido por la Ley 11.441 de 2007, permite que la partición se realice directamente en notaría, mediante escritura pública, siempre que no exista testamento, todos los herederos sean capaces y haya consenso entre ellos, con acompañamiento de abogado en todo momento. Es la vía más ágil y la más utilizada por empresas familiares, justamente por evitar la tramitación judicial, normalmente más lenta. Hasta hace poco, sin embargo, la práctica notarial y las normas del propio CNJ exigían la comprobación del pago del ITCMD como condición para otorgar la escritura de inventario y partición.

La señal más reciente del Consejo Nacional de Justicia avanza hacia alinear el procedimiento extrajudicial con la misma racionalidad adoptada por el STF para el inventario judicial: la escritura puede otorgarse sin exigir prueba del pago previo del impuesto, correspondiendo al notario, aun así, comunicar el acto al fisco estatal para que el cobro se promueva por los canales propios. Se trata de un cambio relevante porque le quita a las notarías el papel de agente de recaudación coercitiva, función que, en rigor, nunca les perteneció.

Esta aproximación entre los dos regímenes, judicial y extrajudicial, no significa que las reglas sean idénticas en todo el territorio nacional. Como el ITCMD es un tributo estatal, cada unidad de la federación tiene su propia legislación, sus propias alícuotas y sus propios plazos de pago, lo que genera variaciones relevantes de un estado a otro en cuanto a los procedimientos administrativos internos de las notarías y a las exigencias documentales remanentes. Antes de asumir que el inventario puede simplemente avanzar sin ningún pago, es prudente verificar la norma estatal aplicable y la orientación de la corregidoría local.

Impacto directo sobre la sucesión en empresas familiares

Para negocios estructurados en torno a una persona física, ya sea una sociedad limitada, una holding patrimonial o una empresa individual, el fallecimiento del titular suele frenar decisiones estratégicas justamente en el período en que la empresa más necesita agilidad. Las modificaciones contractuales que dependen de la formalización de la partición, como la incorporación de los herederos al cuadro societario o la venta de cuotas a terceros, quedaban represadas hasta el pago íntegro del impuesto, que en patrimonios de mayor envergadura puede representar montos significativos y discusiones prolongadas sobre la base de cálculo.

Con la flexibilización, se vuelve posible, en teoría, formalizar la transferencia de las cuotas o acciones a los herederos y continuar con la reorganización societaria sin esperar el desenlace de una eventual disputa sobre el valor del impuesto, por ejemplo cuando hay divergencia sobre el valor venal atribuido a un inmueble o sobre la valoración de participaciones societarias sin cotización en bolsa. Esto reduce el riesgo de paralización operativa, de pérdida de contratos por falta de representación legal regularizada y de deterioro del valor de los activos por la demora.

Por otro lado, la liberación más rápida de la partición no elimina la exposición tributaria de la empresa ni de los herederos. El pasivo del ITCMD sigue existiendo y puede cobrarse en cualquier momento dentro del plazo de caducidad, con actualización monetaria, intereses y eventual multa. Los herederos que reciben cuotas sociales o inmuebles sin haber provisionado el valor del impuesto pueden encontrarse, meses o años después, frente a una ejecución fiscal que recae sobre el propio bien heredado o sobre el patrimonio personal, según la legislación estatal aplicable. La agilidad procesal no sustituye la planificación financiera del pago del tributo.

Puntos de atención al estructurar el inventario

La primera cautela es verificar si el caso concreto efectivamente encaja en las hipótesis beneficiadas por este criterio. El inventario sumario presupone herederos mayores de edad, capaces y en consenso total sobre la partición. Si hay menores, incapaces, testamento o litigio entre herederos, el inventario sigue el rito ordinario, más formal, en el cual la discusión sobre el momento del pago del impuesto puede seguir otra dinámica. Lo mismo vale para el extrajudicial, que también exige unanimidad y ausencia de testamento válido como condición de admisibilidad.

La segunda cautela es propiamente tributaria. Como el impuesto sigue siendo debido, tiene sentido que la empresa y los herederos evalúen, desde el inicio del proceso sucesorio, cuál será la base de cálculo probable, si existen divergencias que deban discutirse administrativamente con el fisco estatal y cuál es el flujo de caja necesario para honrar el tributo sin comprometer el capital de trabajo del negocio. En muchos casos, la venta de un activo menos estratégico o la distribución de dividendos acumulados puede ser la fuente de recursos planificada para este fin, evitando que el pago del ITCMD obligue a una venta precipitada de participaciones relevantes.

También está la cuestión registral. Incluso cuando la escritura de inventario se otorga sin prueba del pago del impuesto, los registros de la propiedad y las cámaras de comercio pueden mantener exigencias propias para efectivizar el registro de la transferencia, especialmente en estados cuya legislación vincula expresamente el registro al pago del tributo. La secuencia de actos necesarios para que la sucesión produzca plenos efectos frente a terceros, bancos y organismos públicos sigue exigiendo un acompañamiento técnico detallado.

El movimiento observado en el STF y en el CNJ representa un avance hacia la desburocratización de la sucesión patrimonial, retirando del pago del tributo el papel de obstáculo absoluto para la regularización de herencias y la continuidad de negocios familiares. Pero la lectura apresurada de que basta abrir el inventario y avanzar sin preocuparse por el impuesto puede generar pasivos ocultos relevantes. El escenario pide exactamente lo opuesto a la informalidad: una planificación sucesoria bien estructurada, que evalúe la situación societaria, el flujo de caja disponible y las particularidades de la legislación estatal, de modo que la empresa aproveche la agilidad procesal sin heredar, junto con el patrimonio, una contingencia tributaria mal dimensionada.