Influencers infantiles y autorización judicial: el nuevo deber de gobernanza para marcas, agencias y plataformas

La profesionalización de la presencia de niños y adolescentes en las redes sociales dejó de ser un tema restringido a las familias y pasó a integrar la agenda de gobernanza de las empresas. Marcas, agencias, productoras, plataformas digitales y gestores de marketing utilizan cada vez más contenidos con influencers infantiles para acercar productos a públicos específicos. Ocurre que la visibilidad comercial de un niño o niña no puede tratarse como una simple estrategia de comunicación. En Brasil, esto involucra derechos fundamentales, protección de datos personales, publicidad infantil, trabajo artístico y responsabilidad empresarial.

La edición del Estatuto Digital del Niño y del Adolescente (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, nueva normativa brasileña de protección digital de menores), la Ley n.º 15.211/2025, reglamentada por el Decreto n.º 12.880/2026, y la Resolución CNJ n.º 687/2026, publicada en el Diario de Justicia Electrónico del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) el 1 de julio de 2026, consolidan un cambio relevante. Los contenidos monetizados o impulsados que exploten, de forma habitual, la imagen o la rutina de niños y adolescentes pasan a exigir autorización judicial. Para el entorno empresarial, el tema no se limita a la regularidad del perfil administrado por la familia. Se trata de una nueva capa de compliance jurídico en campañas digitales, contratos publicitarios y relaciones con creators.

El nuevo marco regulatorio de la infancia digital

La Constitución Federal brasileña asegura prioridad absoluta al niño y al adolescente en su artículo 227, mientras que el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA, equivalente al código de infancia y adolescencia brasileño) protege su dignidad, imagen, identidad, privacidad y desarrollo. La CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo brasileña), en sus artículos 403 y 404, refuerza la prohibición del trabajo antes de la edad mínima, admitiendo excepciones solo en hipótesis jurídicamente controladas. El Convenio n.º 138 de la OIT, incorporado al ordenamiento brasileño, también admite la participación artística infantil únicamente de modo excepcional y mediante salvaguardas adecuadas.

La novedad introducida por el ECA Digital y por la reglamentación del CNJ está en reconocer que la actividad artística y publicitaria en el entorno digital posee características propias. Una grabación doméstica puede circular indefinidamente, ser recortada por terceros, generar ingresos por visualizaciones, alimentar algoritmos, componer perfiles de consumo y exponer al niño a comentarios, acoso o adultización. Por eso, el concepto de carga de exposición, previsto en la Resolución CNJ n.º 687/2026, gana importancia estratégica. El juez debe evaluar la frecuencia de publicaciones, apariciones y actividades, incluso en cuentas de responsables o terceros, para medir los impactos reales sobre el niño o el adolescente.

No toda aparición infantil en las redes exige autorización judicial. La exigencia se concentra en los contenidos monetizados o impulsados que exploten de modo habitual la imagen o la rutina del menor. Aun así, esta delimitación no debe inducir a las empresas a una lectura minimalista. Cuando hay campaña publicitaria, alianza comercial, permuta, guion, expectativa de rendimiento, remuneración directa o indirecta, presencia de agencia o uso recurrente de la imagen infantil para promoción de marca, el riesgo jurídico se intensifica. La pregunta central deja de ser solo si el contenido genera engagement y pasa a ser si la participación atiende al interés superior del niño.

La autorización judicial no es una formalidad, es un instrumento de control de riesgo

La Resolución CNJ n.º 687/2026 define la autorización judicial (alvará judicial, término utilizado en el derecho brasileño para designar este permiso otorgado por un juez) como el permiso judicial para la participación de un niño o adolescente en actividad artística difundida en contenido monetizado o impulsado en el entorno digital, cuando exista explotación habitual de su imagen o rutina. La solicitud debe incluir información sobre responsables legales, cuentas y canales involucrados, guiones, contratos, monetización, publicidad, permutas, historial de exposición, estimación de frecuencia, situación educativa, condiciones de salud y rutina del menor.

La decisión judicial debe ser individualizada. El magistrado o la magistrada evalúa la compatibilidad de la actividad con la edad y el desarrollo físico, psíquico, moral, social y educativo, la manifestación del propio niño o adolescente, eventuales indicios de coacción, presión familiar, explotación económica indebida y riesgos de configuración de trabajo infantil. La autorización debe indicar plazo, canales abarcados, carga horaria máxima semanal, condiciones y salvaguardas. El plazo máximo es de 12 meses para niños y de 18 meses para adolescentes, con renovación sujeta a nuevo análisis.

Para las empresas, esta lógica desplaza el foco de la improvisación hacia la documentación. Las campañas con influencers infantiles deben estar precedidas de due diligence, análisis del contenido, verificación de la autorización judicial aplicable, evaluación de la edad, revisión de cláusulas de remuneración y definición de responsabilidades entre marca, agencia, productora, responsable legal y plataforma. La simple firma de los padres no sustituye la autorización judicial cuando la situación se encuadra en la norma. Tampoco es prudente transferir todo el riesgo contractual a la familia, ya que la empresa que se beneficia económicamente de la exposición puede integrar la cadena de responsabilidad.

Publicidad, datos personales y responsabilidad de las plataformas

El tema también dialoga con la LGPD (Ley General de Protección de Datos brasileña), el Marco Civil de Internet, el Código de Defensa del Consumidor y las normas de publicidad infantil. La Ley n.º 15.211/2025 restringe prácticas de perfilamiento y publicidad dirigida a niños y adolescentes, refuerza la seguridad por defecto, exige mecanismos de supervisión parental e impone deberes de prevención y mitigación de riesgos a proveedores de productos y servicios digitales. En campañas de marketing de influencia, esto significa que el tratamiento de datos de menores, la segmentación de audiencia, el impulsionamiento, la recolección de métricas y la reutilización de contenidos deben evaluarse bajo la óptica de la protección integral.

La Resolución del CNJ también prevé el Banco Nacional de Autorizaciones para Actividad Artística de Niños y Adolescentes, destinado a permitir trazabilidad, fiscalización y consulta de las autorizaciones. Hasta su plena operatividad, el extracto de la autorización podrá servir para comprobar validez, condiciones, canales, modalidades de contenido y límites autorizados. En la práctica, plataformas y empresas deberán evolucionar de una postura reactiva hacia mecanismos de verificación previa, retención documental, controles internos y flujos de retirada o suspensión de contenidos irregulares.

La jurisprudencia refuerza esta lectura protectiva. En el REsp 1.628.700, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) reconoció la responsabilidad por divulgación de imágenes de niños sin autorización de los responsables, destacando la protección integral y el interés superior del menor. En el REsp 1.783.269, la Corte afirmó que el proveedor de aplicación debe remover contenido ofensivo a un menor cuando sea notificado de la violación, aun sin orden judicial, en razón de la prevalencia del ECA como sistema especial de protección. En el Supremo Tribunal Federal (STF), la ADC 51 consolidó la incidencia de la jurisdicción brasileña sobre proveedores que actúan en el país en materia de datos, mientras que la ADI 5.326 es relevante para delimitar la competencia judicial en autorizaciones relacionadas con el trabajo artístico infantil, sin descartar la actuación complementaria de órganos laborales cuando existan indicios de irregularidad.

Impactos prácticos para las empresas

El impacto más inmediato está en los contratos. Los instrumentos con influencers infantiles deben prever la obligación de presentar la autorización judicial cuando corresponda, la descripción exacta de la actividad autorizada, los canales de publicación, los límites de frecuencia, la política de remuneración, medidas de protección patrimonial, reglas de edición y republicación, hipótesis de suspensión de campaña y responsabilidades por incumplimiento. También es recomendable que los guiones, briefings y aprobaciones internas sean compatibles con la edad del participante y preserven su imagen, privacidad, escolaridad, salud y esparcimiento.

El segundo impacto está en la gobernanza de marketing. Las marcas que contratan creators deben incorporar criterios de protección infantojuvenil al proceso de aprobación de campañas. Esto incluye evitar contenidos erotizados, vejatorios, degradantes, discriminatorios, asociados a apuestas, juegos de azar, productos prohibidos para menores o prácticas que estimulen comportamientos peligrosos. El análisis no debe limitarse a la legalidad formal del anuncio. La reputación empresarial puede verse afectada por percepciones de adultización, explotación económica de la infancia o uso inadecuado de la intimidad familiar como activo comercial.

El tercer impacto está en la gestión de datos y evidencias. Las empresas deben registrar la base jurídica del tratamiento de datos, restringir el acceso interno a información de menores, limitar la retención de materiales, revisar permisos de impulsionamiento, conservar comprobantes de la autorización judicial y documentar decisiones de retirada de contenido. En un escenario de fiscalización por parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, autoridades laborales, órganos de protección de datos y entidades de defensa del consumidor, la capacidad de demostrar diligencia será tan relevante como la intención original de la campaña.

La regulación de los influencers infantiles no representa una prohibición de la participación de niños y adolescentes en actividades artísticas digitales. Establece que la explotación económica habitual de su imagen exige control judicial, salvaguardas concretas y responsabilidad compartida. Para empresarios y gestores, el punto esencial es comprender que la infancia digital pasó a ser materia de compliance, gobernanza, protección de datos, responsabilidad civil, derecho del consumidor y derecho del trabajo.

Las empresas que actúan de forma preventiva tienden a reducir riesgos jurídicos, reputacionales y operacionales. La revisión de contratos, flujos de aprobación, políticas de marketing, prácticas de tratamiento de datos y relaciones con plataformas debe ocurrir antes de que la campaña salga al aire, y no solo después de una crisis. En este contexto, la asesoría jurídica especializada cumple un papel relevante al traducir reglas complejas en decisiones empresariales seguras, preservando la estrategia comercial sin apartarse del valor central que orienta todo el sistema jurídico brasileño: la protección integral del niño y del adolescente.