IA generativa y derechos de autor: qué deben hacer las empresas brasileñas ahora

La inteligencia artificial generativa dejó de ser apenas una herramienta experimental y pasó a integrar rutinas de marketing, desarrollo de software, investigación, atención al cliente, diseño, producción audiovisual y gestión del conocimiento. Esta adopción amplía la productividad, pero también plantea una pregunta empresarial decisiva: ¿puede la empresa utilizar libremente contenidos protegidos para entrenar, ajustar o alimentar sistemas de IA, y puede explotar comercialmente todo lo que estos sistemas producen?

En Brasil, la respuesta todavía exige la combinación de normas existentes con una regulación en construcción. La Ley nº 9.610/1998, conocida como Ley de Derechos de Autor, fue concebida antes de la actual escala de minería de datos y no contiene una excepción general para el entrenamiento comercial de modelos. Al mismo tiempo, el Proyecto de Ley nº 2.338/2023, aprobado por el Senado y aún en análisis en la Cámara de Diputados, dedica reglas específicas al uso de obras protegidas en el desarrollo de inteligencia artificial. Para empresarios y gestores, este escenario no autoriza la paralización de la innovación, pero exige gobernanza, documentación y decisiones contractuales más cuidadosas.

Desarrollo

La legislación actual ya alcanza el uso empresarial de contenido por IA

La Ley de Derechos de Autor protege creaciones originales expresadas o fijadas en cualquier soporte y atribuye al autor derechos morales y patrimoniales. En términos empresariales, esto significa que textos, fotografías, ilustraciones, música, videos, códigos, interfaces y otros materiales no se vuelven libres solo porque están accesibles en internet. Los artículos 28 y 29 de la Ley nº 9.610/1998 reservan al titular la explotación económica y exigen autorización previa y expresa para diversas modalidades de utilización, incluyendo reproducción, adaptación e inclusión en bases o sistemas capaces de generar aprovechamiento económico.

Las limitaciones previstas en el artículo 46 de la misma ley deben interpretarse de modo restrictivo y compatible con la explotación normal de la obra. Esta lógica aparece en el REsp 2.008.122/SP, en el que el Superior Tribunal de Justicia (STJ, tribunal superior brasileño equivalente a una corte de casación) consideró ilícita la comercialización de un servicio de clipping (recopilación y reventa de noticias) que utilizaba materias periodísticas sin autorización ni remuneración. El STJ aplicó el llamado test de los tres pasos y destacó que una excepción no puede conflictuar con la explotación comercial normal de la obra ni causar perjuicio injustificado al titular. Aunque el caso no trata sobre IA, su fundamento es relevante cuando contenidos protegidos se usan como insumo de un producto tecnológico lucrativo.

El entrenamiento de modelos y las bases de conocimiento exigen análisis de origen y licencia

El entrenamiento de un modelo, el ajuste fino de una herramienta o la creación de una base de recuperación de información normalmente involucra copia, almacenamiento, fragmentación, indexación o transformación de contenido. Aunque el resultado final no reproduzca literalmente la obra utilizada, los actos intermedios pueden tener relevancia jurídica. Por eso, la empresa debe conocer el origen de los datos, las licencias aplicables, las restricciones de uso y la existencia de mecanismos de oposición de los titulares. La alegación genérica de que el material estaba disponible públicamente no elimina el riesgo.

El REsp 1.877.336/RJ refuerza otro punto importante. El STJ entendió que la reproducción no autorizada de parte de una obra literaria viola objetivamente los derechos patrimoniales y que una autorización concedida para una finalidad específica no debe ampliarse de forma genérica. Trasladada a contratos de tecnología, esta orientación recomienda verificar si las licencias de bancos de imágenes, plataformas de contenido, repositorios de código y bases documentales permiten minería, entrenamiento, creación de obras derivadas, sublicenciamiento y uso comercial de las salidas generadas por IA.

Qué puede cambiar el Proyecto de Ley nº 2.338/2023

En la redacción aprobada por el Senado, el proyecto exige que el desarrollador informe, mediante un sumario público, los contenidos protegidos utilizados en el desarrollo del sistema. También crea una excepción para la minería de textos y datos realizada sin finalidad comercial por determinadas instituciones científicas, educativas y culturales, siempre que el acceso sea lícito y la utilización sea necesaria, segura y compatible con los intereses económicos de los titulares. Fuera de esta hipótesis, el texto reconoce el derecho de oposición del titular y prevé remuneración cuando contenidos protegidos sean utilizados en minería, entrenamiento o desarrollo de sistemas de IA.

Estas reglas todavía pueden ser modificadas por la Cámara. En julio de 2026, el proyecto esperaba el dictamen del relator en la Comisión Especial y reunía diversas propuestas anexadas, incluyendo iniciativas sobre autoría y titularidad de obras generadas por IA. Aun sin estar vigente, el texto revela la dirección regulatoria: mayor transparencia sobre datos de entrenamiento, mecanismos de negociación, posibilidad de remuneración y diferenciación entre investigación sin fines comerciales y explotación empresarial. Los contratos celebrados hoy deben anticipar este movimiento, especialmente en proyectos de larga duración.

Las salidas generadas por IA no eximen de autoría humana ni de verificación de terceros

La Ley nº 9.610/1998 define al autor como la persona física creadora de la obra. Por eso, un resultado producido de manera enteramente automática enfrenta incertidumbre respecto a la protección de derechos de autor, mientras que contribuciones humanas originales, como selección, dirección creativa, composición, edición y transformación, pueden sustentar protección sobre los elementos efectivamente creados por personas. El STJ ya afirmó, en materia de obras de arte aplicada, que la tutela depende de la exteriorización original de una expresión intelectual y que quien invoca exclusividad debe demostrar autoría o transferencia de derechos y originalidad.

Para la empresa, el problema no es solo saber si podrá impedir copias de una salida. También es necesario verificar si el resultado incorpora fragmentos, personajes, imágenes, marcas, voces, estilos identificables u otros elementos de terceros. En el REsp 2.121.497/RJ, el STJ distinguió la mera referencia creativa de la apropiación comercial no autorizada de letras musicales. La misma cautela debe orientar campañas, empaques, piezas audiovisuales y contenidos generados por IA, sobre todo cuando las instrucciones piden la imitación directa de una obra, artista, marca o identidad visual conocida.

Contratos y secretos comerciales son parte central del riesgo

El uso corporativo de IA también puede desplazar activos internos hacia entornos externos. Insertar código fuente, estrategias comerciales, propuestas, datos de clientes, investigaciones inéditas o documentos confidenciales en una herramienta sin controles adecuados puede comprometer el secreto comercial, la protección de datos y las obligaciones de confidencialidad. La Ley nº 9.279/1996 reprime la divulgación o utilización no autorizada de información confidencial obtenida en relaciones contractuales o laborales, y la Ley General de Protección de Datos (LGPD, equivalente brasileño del RGPD) continúa siendo aplicable cuando haya tratamiento de datos personales.

Los contratos con proveedores de IA deben aclarar la propiedad sobre entradas y salidas, la retención de datos, el uso para entrenamiento del proveedor, la ubicación y transferencia internacional, la confidencialidad, la seguridad, la auditoría, la indemnización, la cooperación en reclamaciones de terceros y la continuidad del servicio. También es necesario alinear los contratos laborales y de prestación de servicios. Para programas de computador, la Ley nº 9.609/1998 atribuye, como regla supletoria, determinados derechos al empleador o contratante cuando el software se desarrolla en el contexto previsto en el vínculo, pero los contenidos creativos no relacionados con software exigen cláusulas propias de cesión o licencia.

La gobernanza de IA debe integrarse a la estrategia de propiedad intelectual

Una política empresarial eficaz no debe prohibir genéricamente la IA ni liberarla sin criterios. El camino más seguro es clasificar herramientas y usos según el riesgo, reservar soluciones autorizadas para información sensible, exigir revisión humana antes de la publicación y mantener registros de las instrucciones relevantes, versiones, fuentes, licencias e intervenciones creativas. Esta documentación ayuda a probar diligencia, rastrear incidentes y demostrar la contribución humana en activos que la empresa pretenda proteger.

También conviene integrar las áreas jurídica, tecnológica, de seguridad de la información, marketing, compras y recursos humanos. El análisis de propiedad intelectual debe comenzar antes de la contratación de la herramienta y continuar durante todo el ciclo de vida del proyecto. En operaciones de inversión, asociación o adquisición, la auditoría debe identificar la dependencia de modelos de terceros, restricciones contractuales, origen de las bases, capacidad de migración y consistencia de la cadena de titularidad de los contenidos utilizados y producidos.

El principal cambio traído por la IA generativa no es la desaparición de los derechos de autor, sino la multiplicación de los puntos en que una empresa puede crear, utilizar o exponer activos intelectuales. La legislación actual ya exige autorización para usos económicamente relevantes, protege la autoría humana, limita las excepciones y preserva derechos sobre software, imagen, voz, marcas e información confidencial. La regulación en debate tiende a agregar transparencia, remuneración y mecanismos específicos para el entrenamiento de modelos.

Las empresas que tratan el tema únicamente como una cuestión tecnológica asumen riesgos que pueden afectar lanzamientos, contratos, reputación, valor de activos y continuidad operacional. La respuesta estratégica está en combinar innovación con inventario de derechos, selección de proveedores, cláusulas adecuadas, controles internos y documentación de decisiones. En este entorno aún cambiante, la asesoría jurídica preventiva y especializada contribuye a transformar la incertidumbre regulatoria en criterios empresariales más seguros, sin prometer ausencia de litigios o resultados predeterminados.