Herencia digital: el patrimonio que la ley todavía no sabe cómo heredar

Cuando un socio o ejecutivo fallece, la empresa y la familia suelen saber exactamente qué hacer con el inmueble, las cuotas societarias y la cuenta bancaria. Pero, ¿y la cartera de criptomonedas que mantenía a título personal para diversificar inversiones, el perfil comercial en Instagram que generaba ingresos por publicidad, el dominio registrado para un nuevo proyecto, los archivos guardados en la nube con contratos y planillas estratégicas, o las millas aéreas acumuladas en viajes de negocios? Ese patrimonio, cada vez más relevante en el balance personal de emprendedores y profesionales liberales, no tiene un tratamiento claro en la legislación brasileña, y esto viene generando disputas judiciales, pérdida de activos y situaciones embarazosas para los herederos.

El Código Civil de 2002 fue redactado en un momento en que los smartphones no existían y la internet todavía daba sus primeros pasos en Brasil. Pasadas más de dos décadas, buena parte del valor que una persona construye a lo largo de su vida, incluso en el plano profesional, está almacenada en plataformas digitales, carteras cifradas y cuentas que no encajan perfectamente en las categorías tradicionales de bienes muebles o inmuebles. Para los empresarios, el problema no es solo filosófico: involucra dinero real, continuidad de negocios y, muchas veces, secretos comerciales que mueren junto con quien los guardaba.

Lo que dice la ley brasileña, y lo que simplemente no prevé

Ni el Código Civil, ni el Marco Civil de Internet, ni la Ley General de Protección de Datos Personales tratan específicamente la sucesión de bienes digitales. Existen proyectos de ley en tramitación en el Congreso, como el PL 4/25 en discusión en el Senado, que propone incluir en el Código Civil una definición de bienes digitales como el patrimonio intangible del fallecido, abarcando contraseñas, datos financieros, perfiles de redes sociales, cuentas, archivos y cualquier contenido de naturaleza económica almacenado en entorno virtual. La propuesta también intenta equilibrar dos intereses que frecuentemente chocan: el derecho patrimonial de los herederos y el derecho a la privacidad del fallecido y de terceros que intercambiaron mensajes o compartieron información con él en vida.

Mientras la ley no avanza, el Poder Judicial ha ido decidiendo caso por caso, con resultados no siempre uniformes. El Superior Tribunal de Justicia (equivalente a una corte suprema para asuntos no constitucionales) ya entendió que las millas aéreas acumuladas sin contraprestación pecuniaria no integran el acervo hereditario, por tratarse de un beneficio de naturaleza personal concedido por el programa de fidelidad y no de un activo patrimonial transmisible. En cambio, el Tribunal de Justicia de São Paulo, al juzgar el pedido de una madre para acceder al perfil de Facebook de su hija fallecida, mantuvo la eliminación de la cuenta realizada por la plataforma, por entender que el contenido tenía naturaleza existencial y que los términos de uso aceptados en vida por la usuaria eran válidos. En Alemania, en sentido opuesto, la más alta corte civil del país reconoció a los padres de una adolescente el derecho a acceder íntegramente al perfil de su hija, aplicando el principio de sucesión universal, equivalente a nuestro principio de saisine, según el cual la herencia se transmite automáticamente a los herederos en el momento de la muerte, sin necesidad de ninguna formalidad previa. Este contraste muestra que, en ausencia de legislación específica, el destino del patrimonio digital puede variar según la interpretación del juez y los términos de uso de cada plataforma, lo que constituye una fuente evidente de inseguridad jurídica para quien planea dejar un legado organizado.

No todo activo digital es igual: la importancia de separar patrimonio de intimidad

Para el empresario que piensa en organizar su sucesión, el primer paso práctico es entender que los bienes digitales no forman una categoría única. La doctrina suele dividirlos en tres grupos. Los patrimoniales tienen valor económico directo y medible, como criptoactivos, cuentas en corredoras digitales, dominios comerciales, millas con valor de mercado, licencias de software y perfiles monetizados en redes sociales. Los existenciales se refieren a la personalidad y a la intimidad, como correos electrónicos personales, conversaciones privadas, fotografías y diarios digitales, cuya transmisibilidad a los herederos es controvertida justamente porque involucra derechos que, en principio, son personalísimos y se extinguen con la muerte. Entre ambos extremos están los bienes híbridos, que reúnen valor económico y contenido personal al mismo tiempo, como el perfil de un empresario influenciador que genera ingresos publicitarios pero también guarda registros de su vida privada.

Esta distinción no es un ejercicio académico. Determina, en la práctica, si un heredero puede simplemente asumir el control de una cuenta o si necesita autorización judicial, si la plataforma tiene derecho a eliminar el contenido o si está obligada a preservarlo, y si el acceso de familiares a determinado material puede configurar violación de privacidad del fallecido o de terceros que intercambiaron mensajes con él. Casos de influenciadores y artistas fallecidos cuyos perfiles siguieron generando ingresos para la familia, con lanzamiento póstumo de productos y contenidos, ilustran bien cómo la línea entre lo patrimonial y lo existencial puede ser tenue y exigir cautela redoblada en la planificación.

Criptoactivos: el punto más sensible de la planificación sucesoria digital

Entre los activos digitales, los criptoactivos merecen atención especial de quien administra empresa o patrimonio personal relevante. La Receita Federal (autoridad tributaria federal de Brasil) ya los define, mediante la Instrucción Normativa RFB 1.888/2019, como representación digital de valor negociada electrónicamente con uso de criptografía y tecnología de registros distribuidos. El problema sucesorio surge de la forma en que esos activos son guardados. Cuando se mantienen en corredoras, o exchanges, la recuperación por parte de los herederos tiende a seguir procedimientos parecidos a los de otras inversiones financieras, mediante comprobación de legitimidad ante la plataforma. En cambio, en la autocustodia, cuando el titular guarda solo las claves privadas de acceso a su cartera digital, el riesgo es otro: sin esas claves, no existe recuperación posible, ni por vía judicial ni por ningún procedimiento administrativo. A diferencia de una contraseña bancaria, la clave privada es un elemento criptográfico que, una vez perdido, vuelve el activo inaccesible para siempre. Esta es una de las razones por las que una fracción considerable de los bitcoins en circulación en el mundo está hoy irrecuperable, atrapada en carteras cuyas claves se perdieron con la muerte o el olvido de sus dueños.

Para empresas que mantienen parte de su tesorería o de sus inversiones en criptoactivos, o para socios que tienen posiciones relevantes a título personal, vale la pena considerar instrumentos específicos: el uso de carteras con múltiples firmas, que exigen más de una clave para autorizar transacciones y permiten distribuir el control entre personas de confianza; la designación formal de beneficiarios directamente en las corredoras, cuando la plataforma ofrezca esa funcionalidad; y la inclusión de instrucciones técnicas detalladas en testamento cerrado, modalidad que preserva el sigilo de la información sensible hasta la apertura de la sucesión, a diferencia del testamento público, cuya naturaleza es inherentemente más expuesta.

El dilema de la privacidad y los contratos de adhesión de las plataformas

Otro punto que merece atención del empresario es que, al aceptar los términos de uso de servicios como iCloud, Google, Instagram o Facebook, el usuario está firmando un contrato de adhesión que ya define, por anticipado, qué sucederá con sus datos tras la muerte, muchas veces sin que la persona haya leído o comprendido esa cláusula. Apple, por ejemplo, prevé en sus términos que, mediante la presentación de un certificado de defunción, la cuenta puede ser cerrada y todo el contenido almacenado borrado, sin que exista plazo para el retiro del material por parte de los herederos. Google, en cambio, permite al usuario configurar en vida el destino de sus datos, indicando contactos de confianza u optando por la eliminación automática tras un período de inactividad. Esta disparidad entre plataformas refuerza que la herencia digital no puede dejarse al azar: lo que una empresa de tecnología hace automáticamente puede no corresponder a la voluntad del titular ni al interés de sus sucesores, sean familiares, sean socios que dependan de ese acervo para dar continuidad a un proyecto.

Impactos tributarios y el inventario de estos bienes en la sucesión

Desde el punto de vista fiscal, los activos digitales con valor económico, incluyendo criptomonedas y dominios comerciales relevantes, están sujetos al ITCMD, el impuesto estadual sobre transmisión por causa de muerte y donación. La dificultad práctica está en la valuación: los criptoactivos son volátiles y no poseen una cotización uniforme entre exchanges, lo que puede generar discusión sobre qué referencia de precio utilizar en el momento de la apertura de la sucesión. Además, el albacea tiene el deber de investigar la existencia de esos bienes, lo que no siempre es sencillo cuando el fallecido no dejó ningún registro organizado. Las declaraciones de impuesto a la renta, los extractos de corredoras e incluso el sistema Infojud, que permite solicitar a la Receita Federal información sobre operaciones declaradas con criptoactivos, se han usado como herramientas de apoyo en esa investigación patrimonial, pero nada sustituye la existencia de un inventario digital preparado en vida por el propio titular.

Qué puede hacer el empresario desde ya

Ante el vacío legislativo, la recomendación práctica que se extrae de la experiencia de quienes trabajan con sucesiones patrimoniales es clara: no esperar a la ley para organizar lo que ya es una realidad en el patrimonio de cualquier persona con vida digital activa. Esto incluye mapear con precisión qué cuentas, perfiles, inversiones digitales y archivos poseen valor económico o estratégico para el negocio, definir mediante testamento, mandato post mortem u otros instrumentos contractuales quién tendrá acceso a cada tipo de activo, y evaluar, para patrimonios digitales más robustos, la constitución de estructuras societarias específicas que faciliten tanto la gestión en vida como la transmisión después de la muerte. Para socios de empresas, vale además revisar acuerdos societarios y contratos sociales para que contemplen, de forma expresa, qué ocurre con perfiles corporativos, dominios y credenciales de acceso en caso de fallecimiento de uno de los titulares.

La ausencia de regulación específica en Brasil no significa que el tema deba tratarse de forma improvisada. Al contrario, la complejidad técnica de los criptoactivos, la diversidad de reglas entre plataformas y la tensión constante entre el derecho patrimonial de los herederos y la privacidad del fallecido convierten la planificación sucesoria digital en un frente que exige orientación jurídica calificada, preferiblemente articulada con los demás instrumentos de protección patrimonial y societaria ya adoptados por la empresa o por el empresario. Dejar ese activo sin destino definido es renunciar a parte del propio legado, y exponer a la familia o a los socios a disputas que, con un poco de planificación, simplemente podrían no existir.