Exposición Pública de Presuntos Infractores: Límites Legales y Riesgos para las Empresas

La reciente actuación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD, la agencia brasileña equivalente a las autoridades de protección de datos personales) en el caso de la cadena minorista Havan, que difundía videos de presuntos autores de hurtos en sus tiendas, reaviva un debate central en el ámbito empresarial: cómo equilibrar el derecho a la protección de datos personales con medidas legítimas de seguridad patrimonial.

En un escenario de creciente preocupación por la seguridad física y jurídica de las operaciones, muchas empresas han adoptado tecnologías de monitoreo y estrategias de comunicación para desalentar prácticas ilícitas. Sin embargo, la forma en que se llevan a cabo estas acciones debe estar alineada no solo con la legislación penal, sino también con las normas de protección de datos y de derechos fundamentales.

El Caso Havan y la Intervención de la ANPD

En mayo de 2025, la ANPD recibió una notificación del Ministerio Público de Santa Catarina solicitando un análisis de la compatibilidad, con la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD, la normativa brasileña equivalente al RGPD europeo), de la práctica de la empresa Havan de publicar videos de personas sospechosas de hurtar productos en sus tiendas. Tras un análisis preliminar, se emitió una medida preventiva que ordenó la suspensión temporal de dicha divulgación en las redes sociales de la empresa.

La decisión se fundamentó en disposiciones centrales de la LGPD, especialmente los artículos 6º (principios del tratamiento de datos), 7º y 11 (reglas para datos personales y sensibles), 14 (protección especial de datos de niños y adolescentes) y 55-J (competencias de la ANPD). El punto de mayor preocupación fue el riesgo de exposición indebida de imágenes de niños y adolescentes, situación que exige cautelas reforzadas.

Es importante destacar que la medida de la ANPD es cautelar, sin aplicación de sanciones administrativas, y no impide que la empresa utilice cámaras de seguridad ni que comparta pruebas de ilícitos con las autoridades policiales o judiciales. La suspensión afecta exclusivamente a la divulgación pública, sin autorización judicial, de imágenes de sospechosos en canales de comunicación accesibles al público en general.

Aspectos Legales y Riesgos para las Empresas

El caso ilustra un riesgo jurídico recurrente: la extralimitación de la finalidad legítima de recolección de datos personales. El monitoreo mediante cámaras en establecimientos comerciales es lícito y ampliamente utilizado, siempre que se respeten principios como la finalidad, la adecuación y la necesidad. Sin embargo, la divulgación pública de esas imágenes, incluso ante un delito flagrante, puede configurar una violación a la LGPD y a derechos fundamentales, especialmente al honor y a la imagen, previstos en la Constitución Federal.

Para las empresas, los riesgos incluyen:

Responsabilidad administrativa ante la ANPD, con posibilidad de sanciones futuras.

Responsabilidad civil por daños morales y materiales, incluso en acciones individuales.

Impacto reputacional, con potenciales perjuicios a la imagen corporativa y a la relación con consumidores y socios.

También existe el agravante del tratamiento de datos de niños y adolescentes, que la LGPD considera de forma sensible, exigiendo consentimiento específico y protección reforzada.

Buenas Prácticas y Prevención de Conflictos Jurídicos

La prevención es la estrategia más segura. Las empresas deben mantener políticas claras de seguridad y privacidad, con protocolos internos para el tratamiento de datos personales obtenidos mediante cámaras y otros medios. Cuando sea necesario, las imágenes deben compartirse exclusivamente con las autoridades competentes, resguardando la confidencialidad y evitando la exposición pública sin respaldo legal.

Las capacitaciones internas, la asesoría jurídica preventiva y las auditorías de cumplimiento de la LGPD son herramientas eficaces para reducir riesgos. Además, es esencial que el sector de comunicación corporativa esté alineado con las directrices jurídicas, evitando la publicación de contenidos que puedan infringir la legislación.

Seguridad Empresarial con Cumplimiento Legal

El episodio relacionado con Havan demuestra que la búsqueda de protección patrimonial debe ir de la mano con el respeto a las leyes de protección de datos y a los derechos fundamentales. Más que una exigencia normativa, esta postura refuerza la credibilidad de la empresa y la confianza del consumidor.

Las empresas que invierten en seguridad jurídica preventiva, con el acompañamiento continuo de abogados especializados, logran mitigar riesgos y preservar su reputación, actuando de forma ética y legalmente segura en un entorno de negocios cada vez más regulado.