Competencia en el delivery y cláusulas de exclusividad: qué señala la disputa entre plataformas para las empresas

La disputa entre 99Food y Keeta trascendió el sector de entrega de comidas y pasó a funcionar como una prueba relevante para el Derecho de la Competencia aplicado a las plataformas digitales en Brasil. El punto central es saber hasta dónde una empresa puede utilizar cláusulas contractuales para restringir la actuación de socios en plataformas competidoras sin transformar una estrategia comercial legítima en una barrera artificial a la entrada de nuevos agentes. Para empresarios y gestores, la discusión importa porque modelos similares aparecen en marketplaces, medios de pago, movilidad, turismo, publicidad digital, franquicias y otros ecosistemas basados en intermediación tecnológica.

El caso ganó relevancia después de que Keeta cuestionara contratos de 99Food con restaurantes que, según la competidora, impedirían que determinados establecimientos mantuvieran relaciones comerciales con empresas del grupo Meituan. 99Food sostiene que se trata de exclusividad parcial, voluntariamente negociada y acompañada de incentivos financieros, con racionalidad económica para permitir que una plataforma entrante alcance escala y dispute espacio con el líder del mercado. La controversia, por lo tanto, no se limita a la existencia de exclusividad. El debate jurídico está en la finalidad, la extensión, la duración y los efectos concretos de estas restricciones sobre la competencia.

La exclusividad contractual no es ilícita por definición

En el Derecho brasileño, las cláusulas de exclusividad no están prohibidas de forma automática. Pueden proteger inversiones, asegurar previsibilidad de la demanda, viabilizar campañas comerciales y reducir riesgos en las relaciones empresariales. El problema surge cuando la restricción deja de producir eficiencias económicas justificables y pasa a cerrar canales esenciales de acceso al mercado, dificultar la expansión de competidores o reducir de manera relevante la libertad de elección de los socios comerciales.

La principal referencia legal es la Ley nº 12.529/2011, la Ley de Defensa de la Competencia (Lei de Defesa da Concorrência). Su artículo 36 considera infracciones del orden económico los actos que tengan por objeto o puedan producir efectos como limitar o perjudicar la libre competencia, dominar mercado relevante de forma no derivada de mayor eficiencia, aumentar arbitrariamente los lucros o ejercer abusivamente una posición dominante. La ley presume posición dominante cuando una empresa controla el 20% o más del mercado relevante, porcentaje que puede ser ajustado por el Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica, autoridad de competencia brasileña) conforme a las características del sector. Esa presunción, sin embargo, no funciona como un salvoconducto para las empresas por debajo de ese umbral, pues el análisis de competencia sigue dependiendo de los efectos de la conducta y de la estructura concreta del mercado.

Lo que hace a las plataformas digitales especialmente sensibles

Los mercados de plataforma presentan características que hacen que una cláusula aparentemente común sea más relevante desde el punto de vista de la competencia. Efectos de red, escala, acceso a datos, algoritmos de recomendación, programas de fidelización y la necesidad de reunir simultáneamente a consumidores, establecimientos y prestadores pueden favorecer la concentración. En el delivery, un restaurante estratégico no representa solo una relación comercial individual. Puede atraer consumidores, aumentar pedidos, mejorar la densidad logística y hacer que la plataforma sea más útil para otros restaurantes y repartidores.

En este contexto, gana importancia el llamado multi-homing, es decir, la posibilidad de que un restaurante opere en más de una plataforma al mismo tiempo. Cuando los contratos reducen esa posibilidad en escala relevante, el análisis jurídico tiende a observar si el competidor pierde acceso a socios indispensables, si existen alternativas equivalentes, cuánto dura la restricción, qué multas se aplican y qué inversiones o beneficios económicos justifican el compromiso. Es esa evaluación de efectos, y no la simple etiqueta contractual, la que diferencia una exclusividad defendible de una práctica potencialmente excluyente.

El precedente de iFood y la actuación del Cade

El Cade ya había enfrentado preocupaciones similares en el mercado del delivery. En 2023, celebró un Término de Compromiso de Cesación (Termo de Compromisso de Cessação, acuerdo administrativo para poner fin a una conducta investigada) con iFood en una investigación sobre acuerdos de exclusividad con restaurantes. El compromiso, con vigencia de 54 meses, prohibió la exclusividad con cadenas de 30 o más restaurantes y estableció límites para marcas menores. Entre las restricciones, se definieron un tope nacional del 25% del volumen bruto de mercancías vinculado a la exclusividad, un límite local del 8% de restaurantes exclusivos en municipios con más de 500 mil habitantes, duración máxima de dos años para determinados compromisos y un período posterior sin exclusividad.

El acuerdo también prohibió las cláusulas de paridad de precio respecto de otros marketplaces y prácticas capaces de inducir una exclusividad de hecho. Para las empresas, el mensaje es relevante: el Cade no examina solo la redacción formal del contrato. Incentivos, descuentos, metas de volumen, penalidades y condicionamientos comerciales pueden ser evaluados por el efecto económico que producen. En materia de compliance de competencia, una obligación que no utiliza la palabra "exclusividad" puede presentar el mismo riesgo jurídico si, en la práctica, impide o desestimula de modo sustancial la contratación con competidores.

El estado actual de la disputa entre 99Food y Keeta

En la esfera administrativa, se instauró el Inquérito Administrativo (procedimiento de investigación administrativa) nº 08700.008408/2025-19 para investigar las cláusulas adoptadas por 99Food. La Superintendencia General del Cade llegó a archivar la investigación en junio de 2026, pero el Tribunal del organismo determinó su continuidad. El 2 de septiembre de 2026, el Cade negó, en ese momento, la medida cautelar solicitada por Keeta, pero ordenó una instrucción complementaria para examinar los efectos de las cláusulas, la posibilidad de multi-homing, la duración y el alcance de los contratos, los incentivos y penalidades, la relevancia de los restaurantes afectados y la estructura competitiva actual del mercado.

Este punto es importante para la gestión empresarial. La ausencia de una medida cautelar no equivale a una declaración de licitud definitiva. El propio Cade consideró necesaria la producción de más pruebas antes de concluir sobre los efectos en la competencia. También determinó que se evalúen documentos relativos a prácticas atribuidas a Keeta, lo que refuerza una premisa básica del derecho antitrust: el análisis debe ser simétrico y orientado por los efectos, independientemente de cuál empresa ocupe el papel de denunciante o denunciada.

En el Poder Judicial, la controversia también permanece abierta. La acción tramita en el Tribunal de Justicia de São Paulo bajo el nº 1106263-59.2025.8.26.0100. En primera instancia, las cláusulas cuestionadas fueron consideradas ilegales. En el juicio de la apelación, iniciado el 11 de agosto de 2026, el relator, el magistrado Rômolo Russo, votó en el sentido de que las disposiciones dirigidas contra un competidor específico sobrepasarían los límites de una exclusividad comercial legítima. El juicio fue interrumpido por un pedido de vista (solicitud de un magistrado para examinar el proceso con más tiempo antes de votar) y, hasta el 8 de septiembre de 2026, no había una decisión colegiada definitiva, estando prevista la reanudación para el 29 de septiembre.

Jurisprudencia y límites de la libertad contractual

La discusión se conecta con precedentes más amplios sobre libre iniciativa y libre competencia. En el REsp 1.172.603/RS (Recurso Especial, recurso ante el Superior Tribunal de Justicia), el Superior Tribunal de Justicia, en un caso relacionado con una cooperativa médica, reconoció que la exigencia de exclusividad puede inviabilizar la instalación de competidores y producir una dominación artificial del mercado. El sector era distinto, pero el razonamiento sigue siendo útil: la autonomía privada y la libertad contractual no descartan el control jurídico cuando la estructura contractual interfiere de forma relevante en el acceso al mercado.

En el Supremo Tribunal Federal, el Tema 967 de repercusión general, relacionado con el transporte individual por aplicaciones, afirmó la protección constitucional de la libre iniciativa y de la libre competencia frente a restricciones indebidas a la actividad económica. El precedente no trata sobre exclusividad entre empresas privadas, pero refuerza que el entorno regulatorio brasileño protege la apertura de los mercados y la innovación, al mismo tiempo que admite la intervención estatal para reprimir el abuso de poder económico, conforme a los artículos 170 y 173, párrafo 4º, de la Constitución Federal.

Tendencia regulatoria para los mercados digitales

El tema también se inserta en un movimiento de actualización de las herramientas de competencia para la economía digital. En julio de 2026, el Cade divulgó un estudio específico sobre plataformas de delivery de comida preparada, reuniendo experiencias internacionales y preocupaciones relacionadas con conductas anticompetitivas. En el Congreso Nacional, el Proyecto de Ley nº 2.768/2022 avanzó en 2026 con un sustitutivo aprobado en la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, previendo competencia del Cade para procedimientos específicos sobre prácticas perjudiciales a la competencia en mercados digitales. La propuesta aún depende de las demás etapas legislativas y no debe tratarse como norma vigente.

Para las empresas que operan en plataformas o dependen de ellas, la tendencia es de un mayor escrutinio sobre contratos, incentivos y mecanismos de acceso al ecosistema. La revisión preventiva debe considerar no solo la validez civil de las cláusulas, sino también la participación de mercado, la importancia estratégica de los socios, la posibilidad real de contratación simultánea, la duración de las restricciones, las justificaciones económicas documentadas y el impacto sobre competidores y consumidores. El riesgo de competencia nace muchas veces de la combinación entre varios elementos contractuales que, aisladamente, parecerían regulares.

La disputa entre 99Food y Keeta muestra que la frontera entre competencia agresiva y restricción anticompetitiva será cada vez más definida por los efectos concretos de las estrategias comerciales. La exclusividad puede ser legítima, pero su seguridad jurídica depende de la proporcionalidad, la justificación económica, el alcance, la duración y el contexto de mercado. Para los gestores, el punto central no es evitar toda cláusula restrictiva, sino comprender cuándo puede bloquear el acceso a socios esenciales, reducir el multi-homing o crear barreras artificiales para los competidores.

En los mercados digitales, las decisiones contractuales, comerciales y de expansión deben ser acompañadas por un análisis de competencia desde la etapa de diseño de la estrategia. La asesoría jurídica preventiva, integrada a las áreas de negocios y compliance, tiende a ser especialmente relevante para documentar eficiencias, revisar incentivos y penalidades, y reducir la exposición a investigaciones administrativas o litigios empresariales, sin comprometer la capacidad legítima de competir.